La mención del maltrato infantil lleva rápidamente a la representación de imágenes de niños con lesiones físicas que son internados en el hospital, y ésta efectivamente es una de las realidades que lo comporta, grave, gravísima pero no la única.
Además de dichas agresiones físicas directas, que generalmente son ejercidas por las personas del entorno mas inmediato, otras muchas mas sutiles, menos evidentes que configuran verdaderas torturas se infligen en el campo psicológico.
El menor que es menospreciado, olvidado, rechazado o desatendido en sus necesidades emocionales aun conviviendo con su familia, está sufriendo. También lo está aquel que como consecuencia de la separación o divorcio de sus progenitores es abandonado por uno de ellos, que nunca jamás se interesará por su evolución.
Quien vive en la infancia la violencia machista en el hogar no es un simple observador, es víctima directa siempre del maltrato lo que le puede acarrear graves consecuencias para el resto de su vida.
Los niños y niñas, ( ellas tres veces mas que ellos según los estudios especializados como el de Save the Children- 1998)) que sufren abuso sexual en la infancia, son sujetos pasivos de una acometida mayoritariamente impune por el desconocimiento pues no suelen decirlo y por su dificultad probatoria cuando se plantea la denuncia ante los tribunales.
La Convención Universal sobre los derechos del niño que ha sido ratificada por todos los países del mundo, salvo EE.UU. y Somalia, contempla la obligación de los estados de adoptar medidas legislativas de protección a la infancia contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuidado o trato negligente, malos tratos, explotación o abuso sexual.
Esto implica que la responsabilidad en la tutela a la infancia está asumida jurídicamente por el estado y este debe desplegar todos los instrumentos necesarios para hacerla real y efectiva. A pesar de ello aun hoy existe un vacío enorme en nuestro país para asegurar la aplicación del castigo previsto y la protección de las criaturas. No se perfecciona y adecua la respuesta policial y judicial para adaptarse al mundo infantil, entendiendo que deben ser entrevistados solo por expertos y con instrumentos especialmente diseñados, alegándose constantemente el derecho de defensa del imputado, cuando existen protocolos que hacen compatibles ambas cuestiones pero que no se aplican al no ser legalmente obligatorios.
Entendiendo que el maltrato infantil es una violación de los derechos humanos debemos exigir al Estado el cumplimiento de la obligación que tiene de prevenirlo con medidas efectivas y de desarrollar los instrumentos mas eficaces para luchar contra su impunidad, como un aspecto esencial en una democracia consolidada.
Mª José Varela Portela. Abogada.